La subcontratación externa es un servicio totalmente legal en México. Tan es así que cerca de 2 millones de personas en el país trabajan bajo este régimen. Sin embargo, las empresas contratantes deben asegurarse de que sus proveedores sean legales.

De acuerdo con Pablo Lezama, director de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH) y de la que Human Quality forma parte, la subcontratación de personal formal “es una práctica legítima cuando las empresas que prestan el servicio cumplen con los derechos de los trabajadores, el pago de impuestos y las cuotas de seguridad social… Promueve el empleo productivo y decente. Es una herramienta legal, siempre y cuando no se utilice para disminuir los costos de la empresa a costa de los impuestos o derechos de seguridad social que tienen los trabajadores”.

En cambio, la subcontratación ilegal es la realizan algunas empresas o personas con el fin deliberado de defraudar al fisco a través de prácticas como no pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reducir la carga tributaria y ocultar cualquier relación laboral.

La subcontratación ilegal precariza el mercado laboral y la mano de obra y afecta a la estabilidad del empleo, el pago de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, las primas y las liquidaciones.
 

Diferencias entre compañías legales e ilegales

Según la AMECH, hasta octubre de 2019 existíamos 900 empresas con servicios de subcontratación de personal; no obstante, sólo 386 estábamos registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

A continuación te compartimos algunas características de las empresas legales versus las ilegales para que puedas identificarlas:

La subcontratación de personal y la legislación

A pesar de ser un esquema con muchos años en el país, fue hasta 2012 cuando realmente se definió el concepto y la estructura de la subcontratación y se regularizó en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT):

“El trabajo en régimen de subcontratación es aquel que por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.

Al estar establecida en la LFT, las compañías especializadas en recursos humanos deben respetar las normas de contrato y las prestaciones de carácter obligatorio: contrato por escrito, IMSS, Infonavit, afore, prima de antigüedad, aguinaldo, utilidades, vacaciones, prima vacacional y días de descanso. Puedes consultarlas a detalle en la página de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Asimismo, en el artículo 15-A, la LFT limita a cada compañía de subcontratación a cumplir lo siguiente:

• No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

• Deberá justificarse por su carácter especializado.

• No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

Por su parte, la AMECH —organismo que desde el 2002 respalda a compañías del ramo de los recursos humanos y se asegura que brinden un servicio de calidad—, garantiza que las empresas de servicios de RH cumplamos con los requisitos que establece la ley.

Regularización de empresas de servicios de RH

Hace unos meses el gobierno federal exhortó a las empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral de manera ilegal a que se regularicen, de lo contrario serían consideradas y perseguidas como delincuencia organizada. Por su parte, a las empresas contratantes se les podría aplicar la Ley de Seguridad Nacional, con lo que ambas partes podrían ser sancionadas con 14 a 20 años de prisión.

La subcontratación de personal es legal en México y muchas compañías, como Human Quality, brindamos servicio de contratación bajo esos esquemas de manera formal, nos apegamos a las regulaciones que establece la ley y protegemos los derechos y las prestaciones de los trabajadores.